Michoacán, Guerrero y otras entidades de la República Mexicana viven bajo el asedio de la colusión entre integrantes de bandas criminales y autoridades gubernamentales. Esta relación ha podido construirse gracias a la debilidad institucional y a la pérdida del sentido de la legalidad entre quienes son depositarios del poder del Estado, así como del fortalecimiento proporcional de quienes se dedican a actividades ilícitas.

En Michoacán, por ejemplo, la senadora panista Luis María Calderón Hinojosa ha hecho diversas denuncias relacionadas con la relación entre autoridades y criminales. El año pasado, por ejemplo, denunció que un grupo de la organización liderada por Servando Gómez, alias “La Tuta”, había sido recibido por el Senado de la República.

Un mes antes, “Cocoa” había que el regreso del mandatario estatal Fausto Vallejo, después de seis de permiso, había sido pactado con el crimen organizado. Aunque en su momento Vallejo negó todas las versiones, luego salieron a la luz revelaciones tales como que su Secretario de Gobierno, Jesús Reyna, y su propio hijo, Rodrigo Vallejo, sí habían sostenido encuentros con La Tuta.

En el caso de Guerrero, el ejemplo perfecto es el edil de Iguala, José Luis Abarca. Éste, según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), está relacionado con la delincuencia organizada, a través de sus cuñados y su suegra. Información difundida por El Universal revela que Abarca está relacionado con el cártel de los Beltrán Leyva, y que le han detectado actividades de lavado de dinero a través de prestanombres, con los que pudo haber adquirido empresas e inmuebles en varias localidades guerrerenses.

La relación de Abarca con la delincuencia organizada fue determinante para la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre pasado, pues todas las versiones aseguran que los elementos de la Policía Municipal de Iguala que atacaron y asesinaron a seis personas, y luego detuvieron a los normalistas, los entregaron a sicarios de la delincuencia organizada que se encargaron de su desaparición.

Así, parece claro que si de corrupción hablamos, estos son dos ejemplos palpables que son muestra del grado de ineficacia de las normas e instituciones creadas para combatir la corrupción en México, pero también de la urgencia por establecer nuevos mecanismos que permitan tener autoridades confiables y comprometidas con el Estado de Derecho, y con la ciudadanía.

– Redacción / Letra.Digtial