A pesar de ser un impuesto no contemplado en las leyes de ingresos de los años 2017 y 2018, y por ende imposible de cobrar, el Ayuntamiento de Santa María Huatulco cobra indebidamente el gravamen denominado DESOTUR, por un monto del 10 por ciento adicional al impuesto predial.

De acuerdo con información obtenida de la propia legislación estatal, es claro que las Leyes de Ingresos municipales 2017 y 2018, en su artículo 117, establecen que el DESOTUR no se aplicará al Impuesto Predial de inmuebles de uso habitacional. No obstante, el citado Ayuntamiento sí aplica dicho cobro a todos los contribuyentes que poseen un bien inmueble en dicha municipalidad.

Y es que, según el artículo 118 de la Ley de Ingresos 2017, para poder haber hecho efectivo y legal el cobro del Impuesto Municipal para el Desarrollo Ecológico, Social y Turístico (DESOTUR), se debió de haber creado en el mes de febrero del año pasado, el Comité Técnico Municipio-Ciudadanía, que estudiaría los proyectos que se financiarían con este fondo. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Santa María Huatulco no ha explicado cuál es la razón por la que nunca creó dicho órgano.

De esta forma, es claro que, legalmente, el Municipio no pudo haber gastado los recursos provenientes del DESTUR en 2017, ya que para eso debió de haber creado el Comité Ciudadano. Es urgente que se cree este Comité y que el Municipio dé un reporte de lo recaudado en 2017 y lo que va del 2018. Pues de acuerdo con la propia ley, una vez creado dicho Comité, deberá definirse el Reglamento Técnico para su operación.

En ese contexto, desde que se creó el Impuesto DESOTUR, antes llamado de Fomento Turístico Municipal, se ha cuestionado su legalidad, al ser un impuesto que se carga sobre Impuestos y derechos, cuestión que resulta ilegal al haber una prohibición expresa de que se cobre un impuesto definido por otro, al ser una figura equiparable al anatocismo, que se encuentra expresamente prohibido por la legislación estatal y federal susceptible, además, de ser recurrido por el juicio de amparo y demás formas de defensa del contribuyente.